Los mitos del acuerdo con Chevron

Miércoles 26 noviembre 2014
Cristian Folgar Cristian Folgar

Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre el acuerdo entre YPF y Chevron, quizás no tanto por los "beneficios otorgados", sino también por la polémica decisión de YPF de ocultarlo deliberadamente a la opinión pública.

YPF inventó una rara categoría de "Contrato Confidencial". Los contratos no son naturalmente confidenciales, existen siempre algunas cláusulas que se declaran confidenciales o que fijan la confidencialidad de ciertos aspectos de los mismos. Que un contrato sea INTEGRAMENTE confidencial cuando uno de los firmantes es una empresa cuyo capital social mayoritario está en manos del Estado no tiene mayores precedentes ni justificativos.

YPF solo atina a utilizar como justificativo que es una sociedad anónima privada y que por ello puede no dar determinada información. Eso es semánticamente cierto. Lo que YPF olvida, a estos fines, es que el 51% de sus acciones está en cabeza de contribuyentes argentinos y que el 51% de sus acciones pertenece al patrimonio del Estado Nacional y de los Estados Productores de Hidrocarburos, quienes naturalmente como en cualquier sistema republicano representativo deben dar cuenta de sus actos a los ciudadanos.

No debemos olvidar que la Señora Presidente tomó el compromiso con el Congreso Nacional y con el pueblo en general respecto a que la expropiación de las acciones que hasta ese momento estaban en manos de Repsol se realizaría para que YPF pasara a tener una conducción local, profesionalizada pero bajo la conducción política de la Señora Presidente.

YPF al momento de ocultar contratos se asume 100% privada, pero al momento de gestionar subsidios ante el Estado Nacional o modificaciones legislativas ante el Congreso Nacional juega el rol natural de la empresa estatal. No es una buena política estar cambiando de sombrero con tanta facilidad, ello genera mucha incertidumbre y fundamentalmente brinda las señales contrarias a las que se quiere enviar.

¿Por qué se quiere ocultar el contrato? No es por sus cláusulas técnicas, cuando conozcamos su contenido no vamos a encontrar nada muy distinto a lo previsto en los contratos de asociación tan típicos de otros períodos en nuestro país o en el mundo. La rueda ya esta inventada y sobran modelos y ejemplos de contratos de asociación entre una empresa controlada por un Estado, que en la coyuntura no se muestra muy confiable y con poca capacidad de negociación, y una empresa petrolera con muchos fondos disponibles y deseosa de hacer pie en un buen prospecto petrolero.

El problema es político. Podríamos decir de "vergüenza política". Mientras la Presidente descalifica a la justicia de New York por intervenir en el litigio con algunos bonistas y cuestiona la prórroga de jurisdicción de tribunales locales hacia tribunales internacionales, justamente entre YPF y Chevron prorrogan la jurisdicción local hacia París. ¿Cuál es la diferencia que cuestiones patrimoniales de la Nación Argentina se discutan en New York o París? Si prorrogar jurisdicción está mal, lo está en ambos casos. El problema de "prorrogar jurisdicción" no está en que se elija tal o cual ciudad, sino que el Estado Argentino se somete a reglas de otro Estado, no importa el nombre de ese Estado.

¿Con qué mística revolucionaria se podrían organizar actos en el Luna Park insultando a la justicia americana y en defensa de la soberanía nacional, si en el mismo momento la YPF expropiada conducida políticamente por la Señora Presidente se somete a los tribunales de París? 

Otro aspecto incómodo del acuerdo con Chevron es que los compromisos que asumió YPF en el acuerdo terminaron marcando las acciones de la Provincia de Neuquén y de la Nación. Las normas que debió aprobar Neuquén y las que aprobó la Nación (incluida la última modificación de la Ley de Hidrocarburos) tienen su origen en ese acuerdo.

De nuevo, es muy incómodo desde el punto de vista político que la "hoja de ruta" regulatoria en el sector esté determinada o condicionada por un acuerdo con Chevron. Es difícil explicar una supuesta revolución de la mano de una compañía cuyos orígenes se remontan a la célebre "Standard Oil".

El "secretismo" casi infantil en torno a este acuerdo no es para proteger a los accionistas de YPF, es para proteger el capital político simbólico del cristinismo, que en su retirada pretende arriar banderas sin que nadie se de cuenta. Mas aún, cuando esa retirada es organizada por los "pibes para la liberación", quienes semanas antes de la votación de la expropiación pegaban afiches diciendo fuera "Chevron, Esso y Shell" y semanas después de la expropiación terminaron ocultando el acuerdo con una de las empresas que antes iban a echar.

Pero hagamos el control de daños, ¿firmado el acuerdo que puede implicar a futuro?. Naturalmente le fija un piso de "beneficios a las asociaciones". Cualquiera que firme un acuerdo con YPF querría acceder a los mismos beneficios, que por lo visto hasta ahora no tienen nada de extraordinarios. Estos beneficios molestan mas por la discrecionalidad (se los dan a algunas empresas pero no a otras) que por su naturaleza o impacto económico.

¿Cómo afecta el contrato con Chevron en el rol de las Provincias o Nación como reguladores? Aquí quizás es donde mayor confusión hay. El contrato de YPF con Chevron no le es oponible a Neuquén o a la Nación. Si hubiera un diferendo entre YPF y Chevron el que va a litigar a París es YPF. Si Neuquén tuviera (como titular del recurso) un diferendo con YPF (que es actualmente el titular del área) o con Chevron (si a futuro YPF cediera parte del área) ello se resolvería en jurisdicción local. Neuquén como dueño del recurso no cedió jurisdicción. Lo mismo le sería aplicable a la Nación. A lo sumo Chevron podría hacer uso del convenio de protección de inversiones pero no por lo firmado con YPF, sino por lo que establezcan los futuros títulos que firme con una Provincia o Nación.

La buena noticia es que lo no conocido del acuerdo "sólo" compromete hasta ahora a YPF y no a las Provincias o la Nación como tales (sí las compromete en su rol de accionistas).

Es una lástima que una empresa que se quiere vestir de Nacional y Popular, juegue al gato y al ratón justamente con los representantes de la Nación y con el Pueblo.

Más de Cristian Folgar
Especialista en servicios públicos y energía. Fue dos veces subsecretario de Combustibles de la Nación (en 2001 y de 2003 a diciembre de 2007). Es adjunto regular de Microeconomía de la UBA y de Historia del Pensamiento Económico en la UCES.
Noticias relacionadas