La energía debe pensarse como un recurso estratégico

Jueves 20 noviembre 2014
Mario Cimadevilla Mario Cimadevilla

La crisis energética por la que estamos atravesando, es una preocupación de todos los argentinos. Lograr el autoabastecimiento en este rubro es, sin duda, uno de los principales objetivos a conseguir. Y no sólo se debe abordar las problemáticas referidas al petróleo y al gas, sino también pensar seriamente en el desarrollo de otras energías alternativas como la hidroeléctrica, la nuclear, la solar y la eólica.

La Unión Cívica Radical tiene un posicionamiento muy claro en cómo debe ser manejado el recurso energético y cuál debe ser la participación del Estado. Siempre ha planteado la idea de utilizar y regular los recursos con un criterio estratégico y no pensarlos simplemente con un criterio rentístico o económico.

El Estado debe asumir un rol fundamental en la construcción de políticas energéticas y no dejar la cuestión librada a lo que el mercado decida, como sucedió en épocas recientes. En la década del ‘90 se avanzó con las privatizaciones de las empresas energéticas estatales, porque los funcionarios de ese Gobierno sostenían que se trataba de un recurso que correctamente administrado podía convertirse en un factor decisivo de conformación económica.

Aún con el fracaso de esas políticas a cuestas, impulsadas por el menemismo, el Partido Justicialista -ahora en su versión kirchnerista- impulsó y aprobó, con la complicidad de algunos gobernadores de provincias, una reforma a la Ley de Hidrocarburos, que lejos de avanzar en el sentido de la utilización estratégica, profundiza esa visión mercantilista del tema.

El sistema de concesiones que rige en la Argentina, entregando los yacimientos por el pago de una regalía, no se utiliza más en ningún país del mundo. Luego de la reforma de la Constitución de 1994 se transfirió la propiedad de los recursos naturales a los gobiernos provinciales, quienes no supieron aprovechar esa facultad. Como así tampoco la Nación, que se reserva la jurisdicción sobre esos recursos.

En mi provincia, Chubut, tenemos el yacimiento más importante del país. Con la sanción de la Ley Corta (transfirió la administración de los yacimientos a las provincias), el ex gobernador Mario Das Neves avanzó en la prórroga de la concesión de Cerro Dragón en condiciones muy similares a las que estableció la nueva Ley de Hidrocarburos. Es decir, explotación hasta el agotamiento de los recursos, con un límite al cobro de regalías del 12% y eximiendo el pago de sellos de ese contrato, con la finalidad de evitar que se conozca el monto final.

Como si esto fuera poco, una de las empresas concesionarias de este contrato, British Petroleum, se autodenunció ante la Bolsa de Valores de Estados Unidos, porque asegura haber pagado coimas. A esta investigación se le suman algunas acciones judiciales iniciadas en nuestro país, que piden la nulidad del contrato debido a las escandalosas irregularidades que surgen de los propios expedientes.

A estas situaciones con ribetes judiciales de suma importancia, hay que añadirle la sumatoria de idas y vueltas que el peronismo tuvo a lo largo del tiempo en materia energética. Para combatir el déficit, primero, privatizaron las empresas como YPF y después crearon ENARSA. El fracaso rotundo de ambas medidas confluyó en la llegada de un socio argentino amigo del Poder: Enrique Esquenazi. Como tampoco funcionó, entonces, reestatizaron un porcentaje de YPF.

Esta última iniciativa la acompañé ante la promesa del Ministro de Economía, Axel Kicillof, de que no nos costaría un solo peso y que los españoles iban a resarcirnos económicamente por el daño ambiental ocasionado. Nada de esto fue así, nos mintieron, no sólo les pagamos a los españoles lo que ellos pretendían sino que además renunciamos a cualquier tipo de reclamo ambiental.

Tantos desaguisados, ahora se completaron con la actual ley de hidrocarburos que profundiza el modelo menemista. En aquellos años el partido del Gobierno privatizó de la superficie para arriba y ahora con la sanción de la ley lo hace de la superficie para abajo, otorgando prórrogas a quienes han sido los responsables del desabastecimiento energético.

Seguimos sin encontrar un rumbo definido. Seguimos profundizando los errores cometidos. Es necesario que los gobiernos provinciales se sienten a dialogar con el Poder Ejecutivo Nacional para formular, en forma definitiva y sin ambages, un criterio adecuado para manejar nuestros recursos con un horizonte que supere las medidas cortoplacistas.

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Senador por la provincia de Chubut (Argentina). Abogado. Es presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo y secretario de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, entre otras funciones en la Cámara Alta
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